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Frente a los reiterados episodios de inseguridad que diariamente acontecen en nuestro país, la necesidad de contar con un servicio de seguridad se hace oír cada vez más fuerte en aquellos consorcios que aún no cuentan con uno, con el afán de poder preservar los bienes patrimoniales e incluso la vida humana. Frente a ello y dado el caso de que no todos los edificios cuentan con los fondos necesarios para soportar los haberes de un empleado en relación de dependencia, que cumpla el rol de vigilador, nace el reto para el administrador de buscar otras alternativas. Es en este momento donde se hacen sentir aquellas publicidades llevadas a cabo por las cooperativas que prometen un servicio de seguridad al menor precio que existe en el Mercado.

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No obstante ello, antes de salir corriendo a contratar un servicio de seguridad prestado por una cooperativa, es necesario tener en cuenta una serie de factores ya que el consorcio podría ser pasible de ser condenado por realizar esa contratación en fraude a la ley laboral, debiendo este acarrear con las consecuencias del régimen de solidaridad establecido en los art. 29 a 32 de la LCT.

Es decir, el consorcio sería considerado como empleador del vigilador, siendo responsable del cumplimiento de las obligaciones aborales y de Seguridad Social. Lo primero que debemos saber es que debido a que se fue usando la figura de la Cooperativa de Trabajo para eludir la aplicación de la ley laboral y por ende, las cargas sociales; creciendo cada vez más las cooperativas que proveían de mano de obra a terceros, mayormente en los rubros de seguridad y vigilancia, así como de limpieza, dicho extremo dio como resultado que en el año 1994 el PEN dictara un Dto. 2015/94 prohibiendo la constitución de nuevas cooperativas de trabajo que para el cumplimiento de su objeto social, prevean la contratación de los servicios cooperativos por terceras personas utilizando la fuerza de trabajo de sus asociados. Un mes después de dictado el decreto mencionado, el ex INAC (Instituto Nacional de Acción Cooperativa) dictó una resolución por la cual se aclaro el alcance del Dto. 2015/94. A tal efecto enumero las actividades que quedaban comprendidas en la norma: “agencia de colocaciones, seguridad, distribución de correspondencia y servicios eventuales”. A su vez, se consideran comprendidos aquellos casos en que la descripción del objeto social revele que se trata de la venta de mano de obra a terceros para dedicarlas a las tareas propias o especificas del objeto social de los establecimientos de estos últimos, de modo que dicha fuerza de trabajo constituya un medio esencial en su producción económica. Si bien estas normas prohibieron constituir nuevas cooperativas en el futuro no así la operatoria de las ya inscriptas, las que podían seguir operando. Respectos de estas, el decreto ordeno a la DGI y a la Dirección Nacional de Policía de Trabajo a verificar la posible existencia de fraude laboral y/o evasión de aportes previsionales. Años después, hacia el 2004, mediante la Ley 25.887 se prohibió a las cooperativas actuar como empresas de provisión de servicios eventuales, ni de temporada, ni de cualquier otro modo brindar servicios propios de las agencias de colocación, como medida de prevención de posibles fraudes y determino que los socios que se desempeñaren en fraude a la ley laboral serán considerados trabajadores dependientes de la empresa usuaria para la cual presten servicios, a los efectos de la aplicación de la legislación laboral y de Seguridad Social. De acuerdo con las normas citadas, el fraude laboral se configuraría cuando el trabajo del supuesto asociado no resulta ser un aporte al ente cooperativo en los términos de la Ley 20.337 sino que lo realiza para un tercero que tiene la facultad de dirigirlo actuando como un verdadero patrón –fijando horarios e incluso hasta selecciona el personal que le es suministrado– o bien en relación de dependencia con la propia cooperativa, colocando a la persona jurídica como una mera intermediadora de tipo laboral. Cabe mencionar que el art. 14 de la LCT establece que “será nulo todo contrato por el cual las partes hayan procedido con simulación o fraude a la ley laboral, sea aparentando normas contractuales no laborales, interposición de personas o de cualquier otro medio. En tal caso, la relación quedará regida por esta ley”. En igual sentido los jueces se han pronunciado en diversas oportunidades. A modo de ejemplo se cita el fallo “Peralta Hector c/Cooperativa de Trabajo Ferrocom Ltda. s/despido”, de la Sala “1” de la CNAT donde los jueces determinaron que “la provisión de personal a terceros por parte de la cooperativa resulta un típico caso de fraude que se puede enmascarar bajo la forma de cooperativas de trabajo. Cuando la finalidad de la cooperativa consiste en proveer servicios a terceros, los interesados concurren a la misma, se asocian y esta, en tal carácter, los envía a terceros, quienes asignan las tareas concretas a cumplir”; la CSJ de Santa Fe en Autos “Meyer, Enrique c/Basso y/o CASALIM Coop de Trabajo s/Queja” determinó: “En consecuencia, todos los demandados, deben ser condenados solidariamente de acuerdo con las disposiciones de la LCT, en tal sentido he resuelto que la normativa vigente prohíbe expresamente a las cooperativas de trabajo la contratación de sus servicios cooperativos por terceras personas utilizando la fuerza de trabajo de sus asociados, por ello surgiendo acreditada la prestación del servicio del actor con la intermediación –prohibida– de la Cooperativa de Trabajo, por aplicación del art. 29 de la LCT cabía responsabilizar a las accionadas en forma solidaria”.

Por último, cabe mencionar que en caso de que un consorcio lleve a cabo este tipo de contracción, dicha circunstancia lo pone en riesgo de ser pasible de sanciones, si se descubre dicho extremo a través de las autoridades destinadas a tal fin. En este sentido cabe hacer mención al mecanismo de inspecciones que se lleva a cabo por parte del SUTERH, FATERYH y OSPERYH.

Asimismo, mediante la Ley 25.877 (Reforma Laboral) se creó el Sistema Integral de Inspección del Trabajo y de la Seguridad Social (SIDITYSS), destinado al control y fiscalización del cumplimiento de las normas del trabajo y de la Seguridad Social en todo el territorio nacional, a fin de garantizar los derechos de los trabajadores previstos en el art. 14 bis de la Constitución Nacional, y en los convenios internacionales ratificados por la República Argentina, eliminar el empleo no registrado y las demás distorsiones que el incumplimiento de la normativa laboral y de la Seguridad Social provoquen. (art. 28). A su vez se estableció que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social sería la autoridad de aplicación del Sistema Integral de Inspección del Trabajo y de la Seguridad Social.

Es importante tener en cuenta que los inspectores actúan de oficio o por denuncia y son quienes inician el procedimiento para la aplicación de sanciones. Si finalmente se verifican infracciones de los empleadores a las obligaciones de la Seguridad Social se aplicarán las penalidades correspondientes, utilizando la tipificación, procedimiento y régimen sancionatorio que, a tal efecto, aplica la Administración Federal de Ingresos Públicos.

Por ello, entiendo que no es recomendable contratar en estas condiciones, antes bien sugiero, dado el caso de que no resulte posible que el consorcio cuente con trabajadores en relación de dependencia –sujetos al Convenio 589/10, correspondientes a las tareas del consorcio, que el edificio contrate una empresa de seguridad privada que sea realmente la empleadora, tomando los recaudos de controlar todos los meses, antes de efectuar el pago correspondiente a dicho servicio, que la empresa cumpla con todas las obligaciones laborales y de la Seguridad Social.

 

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